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La privatización de las operadoras de apuestas estatales
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¿Se trata de una tendencia pasajera o del futuro
próximo del sector de las apuestas?
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La dificultad de controlar las apuestas que se ofrecen
por Internet y el intenso debate sobre la ampliación de la liberalización ponen cada vez más trabas a las
operadoras controladas por organismos gubernamentales. Si bien en los últimos tiempos han ganado algunas
«batallas», la opinión de los expertos apunta a que el panorama no les será muy favorable en los próximos
años; antes al contrario, el valor de las operadoras controladas por el Estado se verá probablemente
reducido en el futuro.
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Este hecho, unido a los ajustados presupuestos que
manejan dichas operadoras, podría tener como consecuencia el que un número cada vez mayor de accionistas
estatales vieran en peligro sus contribuciones a las mismas y se decantaran por privatizar sus inversiones
en el juego lo antes posible. Las operaciones de privatización actuales y recientes, como la de la griega
OPAP y la británica Tote, están poniendo de manifiesto que no se trata de una mera hipótesis. Tanto es así
que un 73% de los expertos consultados espera que el número de este tipo de operaciones siga aumentando en
el futuro.
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No estaría de más analizar cuáles son las ventajas y
los inconvenientes concretos de privatizar el sector del juego, aparte de llenar aún más las arcas del
Estado. Para ello, primero hay que plantearse una serie de preguntas:
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- ¿Tienen las empresas estatales una menor capacidad
operativa que las privadas? Si bien es cierto que algunas de las operadoras controladas por el Estado,
como la alemana WestLotto, presentan un modelo más competitivo que ciertas empresas de capital privado,
muchas no pueden hacer frente a los niveles del sector.
- ¿Cómo pueden regularse las operaciones de
privatización para evitar el abuso del juego u otros efectos negativos?
- Dado que el número de ejemplos de estas
operaciones es reducido, ¿cómo puede hallarse el valor real en el mercado de estas operadoras estatales?
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El informe, que quiere dar cuenta de estas cuestiones,
aborda fundamentalmente la situación de los accionistas estatales y presenta un análisis objetivo de todos
los aspectos relevantes, así como información de primera mano sobre los tipos de procesos de privatización,
que es posible adoptar y su ejecución. Parte de las conclusiones del informe se basa en una consulta
realizada a más de 90 profesionales del sector, que ofrecieron su opinión sobre este asunto. Dicho informe
ha sido elaborado conjuntamente por reputados expertos como el banco de inversión Sal. Oppenheim, Rob van der Gaast y Wulf
Hambach.
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