La
Unión Europea y sus efectos sobre los monopolios de Apuestas del Estado
¿Marcarán los corredores de apuestas de Austria y
del Reino Unido el fin de uno de los últimos monopolios europeos?
Informe de MECN basado en los resultados de una
encuesta realizada a los principales representantes del sector y en el análisis exhaustivo de las
actividades de los monopolios estatales.
El Tribunal de Justicia Europeo acordó a finales del
año pasado que las restricciones impuestas por algunos países de la UE contra servicios de apuestas de
otros países europeos constituye una limitación de la libertad de establecimiento y el derecho a
proporcionar servicios en Europa. Ahora es responsabilidad de los tribunales nacionales investigar y
establecer si en los diversos monopolios la regulación del mercado de apuestas ha cedido protagonismo al
volumen de ventas y los beneficios. Si ese es el caso, corren el riesgo de perder su condición de
monopolio.
En el informe "The European Union and its Impact
on State-Licensed Gambling Monopolies" (La Unión Europea y sus efectos sobre los monopolios de
Apuestas del Estado), publicado por MECN (Media & Entertainment Consulting Network), se exponen los
siguientes argumentos:
La expansión internacional tiene prioridad
absoluta para la gestión de los corredores de apuestas privadas en Austria y el Reino Unido.
La creciente liberalización representa un gran
riesgo para la existencia de los organismos de Loterías y Apuestas del Estado.
Las últimas decisiones judiciales del Tribunal de
Justicia Europeo y de los tribunales nacionales se centran cada vez más en la liberalización del
mercado europeo de loterías y apuestas.
En los próximos meses se llevarán a cabo análisis
exhaustivos con el fin de analizar la legitimidad de los monopolios estatales.
Los monopolios de Loterías y Apuestas del Estado
funcionan en cierto modo como negocios privados, lo que resulta un contrasentido con su función
original.
Para prevenir el riesgo de que se produzca una
total disolución de las estructuras monopolísticas, las empresas estatales deberán modificar o incluso
prescindir de algunos productos, canales de ventas o campañas publicitarias.
